Denuncian red de corrupción judicial para despojar ilegalmente de propiedades a familias xalapeñas

19 May 25 - 22:29

Denuncian red de corrupción judicial para despojar ilegalmente de propiedades a familias xalapeñas

*Piden la intervención de la Gobernadora, porque los jueces participantes en esta ilegalidad, se promocionan para integral el Poder Judicial de Veracruz.

Irineo Pérez Melo.

Xalapa, Ver., lunes 19 de mayo 2025.- Habitantes de esta capital solicitaron la atención del gobierno estatal para evitar ser despojados ilegalmente de sus propiedades y demandaron la restitución de sus derechos como propietarios legítimos, pues de lo contrario se verían afectados en su patrimonio y sustento económico.

Manuel Ezequiel Castilla Rivas, en representación de su padre José Luis Castilla Aburto y María Hernández, dieron a conocer que de manera fraudulenta y con el apoyo de la fuerza pública y de jueces, les despojaron de manera arbitraria de un inmueble de su propiedad, ubicado en la avenida 20 de Noviembre.

En conferencia de prensa, relataron que fueron víctimas de un entramado jurídico fraudulento, en el que se han simulado actos legales utilizando documentación apócrifa, con la participación de abogados de la ciudad de Xalapa.

A raíz de estos actos, se han llevado a cabo procesos judiciales que derivaron en órdenes de lanzamiento y pérdida de la posesión de sus bienes inmuebles, todo ello sin respetar los debidos procesos legales.

Expusieron el juicio civil J4.0.C. 564/2022/V1, tramitado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec, donde, sin que se exhibiera una escritura válida de propiedad, se autorizó un lanzamiento basándose únicamente en un contrato privado de compraventa, supuestamente certificado por el notario Miguel Marenco Sánchez, quien ya no ocupa el cargo.

Los afectados señalaron que la diligencia se programó de forma atípicamente rápida, sin cumplir con los requisitos de tiempo y procedimientos que marca la ley, acusando de manera directa a María de los Ángeles Castilla Aburto, Lesli Iveth Alonso Lúcido y Erick Hernández Aburto de haberse beneficiado de documentos falsos, entre ellos un poder notarial visiblemente alterado, con datos erróneos sobre nombres, fechas y personas, el cual ya fue desconocido por el propio notario ante la Fiscalía y un juzgado de primera instancia en Xalapa.

A través de este documento, María de los Ángeles obtuvo una falsa declaración de herederos, se adjudicó el inmueble, y posteriormente lo vendió simuladamente, creando una cadena de actos ilegales, de entre el que destaca el que en ningún momento fueron emplazadas al juicio las propietarias legítimas del inmueble, violando sus garantías individuales.

El proceso fue tan acelerado que en solo 25 días —del 18 de septiembre al 26 de octubre de 2023— se dictó sentencia en un documento de apenas dos cuartillas que, según denuncian, no analiza el fondo del caso, no menciona a las verdaderas dueñas y omite el antecedente de propiedad. Esta sentencia fue declarada cosa juzgada, dejando a los afectados sin posibilidad de apelar.

El 11 de diciembre de 2024, sin haber recibido notificación previa alguna, se ejecutó el lanzamiento judicial del inmueble.

Otro proceso denunciado fue el Juicio Ejecutivo Mercantil 542/2024/11, llevado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, en el cual, de acuerdo con las víctimas, se evidenció un manejo parcial del procedimiento.

En este caso, el ciudadano Reynaldo Cuevas Tejeda aparece como actor del juicio, aunque fue señalado como prestanombres de los abogados Roly Domínguez Romero y Miguel Isaac Contreras Gómez Gil. La audiencia fue fijada y notificada con apenas ocho días de anticipación, lo que limitó severamente el tiempo para preparar la defensa.

Durante la audiencia de pruebas, el personal judicial actuó de manera irregular. El encargado de la mesa, identificado como Jorge, resolvía promociones sin pasar por la firma del secretario de acuerdos ni de la jueza. Cuando los afectados manifestaron su inconformidad, el secretario apareció y, en lugar de corregir la situación, afirmó haber autorizado dicha actuación.

Como represalia, decidió reservar acuerdos importantes, incluyendo uno en el que se solicitaba prórroga para desahogar una prueba pericial, misma que fue desechada sin fundamento.

Por tal motivo, los quejosos expresaron su preocupación no solo por haber sido víctimas de fraude, sino por el hecho de que varios de los funcionarios implicados en estos procedimientos buscan actualmente ser promovidos a nuevos cargos dentro del Poder Judicial del Estado de Veracruz.

Por ello, hicieron un enérgico llamado a las autoridades responsables de la evaluación y designación de jueces y magistrados para que tomen en cuenta estos antecedentes. “Es indispensable que quienes administran justicia lo hagan con ética, legalidad y profesionalismo. No se puede permitir que funcionarios señalados por actos de corrupción sean ascendidos a cargos de mayor responsabilidad”, expresaron.

Finalmente, concluyeron que las evidencias que presentaron -expedientes, documentos falsificados, fechas anómalas y la conducta del personal judicial- dejan claro que existe una estructura que opera con impunidad y a la sombra del sistema judicial.

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Manuel Ezequiel Castilla Rivas, en representación de su padre José Luis Castilla Aburto y María Hernández, dieron a conocer que de manera fraudulenta y con el apoyo de la fuerza pública y de jueces, les despojaron de manera arbitraria de un inmueble de su propiedad, ubicado en la avenida 20 de Noviembre. En conferencia de prensa, relataron que fueron víctimas de un entramado jurídico fraudulento, en el que se han simulado actos legales utilizando documentación apócrifa, con la participación de abogados de la ciudad de Xalapa. A raíz de estos actos, se han llevado a cabo procesos judiciales que derivaron en órdenes de lanzamiento y pérdida de la posesión de sus bienes inmuebles, todo ello sin respetar los debidos procesos legales. Expusieron el juicio civil J4.0.C. 564/2022/V1, tramitado ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Coatepec, donde, sin que se exhibiera una escritura válida de propiedad, se autorizó un lanzamiento basándose únicamente en un contrato privado de compraventa, supuestamente certificado por el notario Miguel Marenco Sánchez, quien ya no ocupa el cargo. Los afectados señalaron que la diligencia se programó de forma atípicamente rápida, sin cumplir con los requisitos de tiempo y procedimientos que marca la ley, acusando de manera directa a María de los Ángeles Castilla Aburto, Lesli Iveth Alonso Lúcido y Erick Hernández Aburto de haberse beneficiado de documentos falsos, entre ellos un poder notarial visiblemente alterado, con datos erróneos sobre nombres, fechas y personas, el cual ya fue desconocido por el propio notario ante la Fiscalía y un juzgado de primera instancia en Xalapa. A través de este documento, María de los Ángeles obtuvo una falsa declaración de herederos, se adjudicó el inmueble, y posteriormente lo vendió simuladamente, creando una cadena de actos ilegales, de entre el que destaca el que en ningún momento fueron emplazadas al juicio las propietarias legítimas del inmueble, violando sus garantías individuales. El proceso fue tan acelerado que en solo 25 días —del 18 de septiembre al 26 de octubre de 2023— se dictó sentencia en un documento de apenas dos cuartillas que, según denuncian, no analiza el fondo del caso, no menciona a las verdaderas dueñas y omite el antecedente de propiedad. Esta sentencia fue declarada cosa juzgada, dejando a los afectados sin posibilidad de apelar. El 11 de diciembre de 2024, sin haber recibido notificación previa alguna, se ejecutó el lanzamiento judicial del inmueble. Otro proceso denunciado fue el Juicio Ejecutivo Mercantil 542/2024/11, llevado en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Xalapa, en el cual, de acuerdo con las víctimas, se evidenció un manejo parcial del procedimiento. En este caso, el ciudadano Reynaldo Cuevas Tejeda aparece como actor del juicio, aunque fue señalado como prestanombres de los abogados Roly Domínguez Romero y Miguel Isaac Contreras Gómez Gil. La audiencia fue fijada y notificada con apenas ocho días de anticipación, lo que limitó severamente el tiempo para preparar la defensa. Durante la audiencia de pruebas, el personal judicial actuó de manera irregular. El encargado de la mesa, identificado como Jorge, resolvía promociones sin pasar por la firma del secretario de acuerdos ni de la jueza. Cuando los afectados manifestaron su inconformidad, el secretario apareció y, en lugar de corregir la situación, afirmó haber autorizado dicha actuación. Como represalia, decidió reservar acuerdos importantes, incluyendo uno en el que se solicitaba prórroga para desahogar una prueba pericial, misma que fue desechada sin fundamento. Por tal motivo, los quejosos expresaron su preocupación no solo por haber sido víctimas de fraude, sino por el hecho de que varios de los funcionarios implicados en estos procedimientos buscan actualmente ser promovidos a nuevos cargos dentro del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Por ello, hicieron un enérgico llamado a las autoridades responsables de la evaluación y designación de jueces y magistrados para que tomen en cuenta estos antecedentes. “Es indispensable que quienes administran justicia lo hagan con ética, legalidad y profesionalismo. No se puede permitir que funcionarios señalados por actos de corrupción sean ascendidos a cargos de mayor responsabilidad”, expresaron. Finalmente, concluyeron que las evidencias que presentaron -expedientes, documentos falsificados, fechas anómalas y la conducta del personal judicial- dejan claro que existe una estructura que opera con impunidad y a la sombra del sistema judicial. Agregar un comentario Tu nombre o Ingresar Tu dirección de correo (no se mostrará) ¿De qué color es el pasto? (chequeo de seguridad) Mensaje	Ingresar - Registrarse Blog Últimas publicaciones Menú Portada. Morena tiene el gobierno, no el poder. Por Inocencio Yáñez Vicencio. NOTARÍA PÚBLICA 1 MTRO. SILVIO LAGOS MARTÍNEZ. Titular. Restaurant WENDY en La Mata de Tampamachoco, Tuxpam, Veracruz. La Ostra del Golfo Ostionería, Av. Revolución 45 centro, Xalapa, Ver. Dr. Joél Cervantes Pérez. Cirujano Urólogo. LA IMPORTANCIA ACTUAL DE SER RECTOR DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA ( 3ra. y última parte) Dr. Rafael Vela Martínez. 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