Columna: Fuera de Foco. Te estoy hablando Juan, para que me escuches Pedro. El servidor público viola la ley a restringir el paso a los ciudadanos a los espacios públicos. Xalapa, Ver., jueves, 27 marzo 2025
28 Mar 25 - 11:40
Columna: Fuera de Foco.
*Te estoy hablando Juan, para que me escuches Pedro.
*El servidor público viola la ley a restringir el paso a los ciudadanos a los espacios públicos.
Por: Silvia Núñez Hernández.
*El servidor público viola la ley a restringir el paso a los ciudadanos a los espacios públicos.
Por: Silvia Núñez Hernández.
Xalapa, Ver., jueves, 27 marzo 2025.- ¿Existen en la política personas capaces de comprender la moralidad como un principio rector de vida? ¿Alguna vez quienes se dedican a vivir de la política han sido leales, honestos y éticos? Hasta la fecha, no he logrado conocer a un solo individuo en este ámbito que cumpla cabalmente con las promesas que profiere cuando busca el voto ciudadano.
Lamentablemente, parece que aún no ha nacido el político que honre íntegramente su palabra, que no robe y que realmente se dedique a servir en lugar de servirse del poder. El político promedio no entiende la naturaleza de su función. Una vez que obtiene el poder, se blinda, se distancia de la ciudadanía, la menosprecia y evita rendir cuentas cuando se le exige.
Pongamos un ejemplo real: desde el gobierno de Javier Duarte de Ochoa hasta la fecha, los gobernadores de Veracruz han actuado como si el Palacio de Gobierno fuera de su propiedad. Implementan medidas de vigilancia para restringir el acceso al ciudadano, negándole el uso de un espacio público que, por ley, le pertenece.
En México, si un servidor público impide arbitrariamente el acceso de un ciudadano a un espacio público, incurre en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, dependiendo de las circunstancias.
¿Qué se entiende por restricción arbitraria?
Impedir el acceso a un espacio público mediante guardias de seguridad o personal de resguardo, sin justificación legal, constituye un acto arbitrario sancionable conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas* y el *Código Penal Federal.
En el caso de la administración actual, encabezada por Rocío Nahle García, esta práctica continúa sin modificación alguna. El edificio donde despacha permanece blindado, permitiendo la entrada únicamente a quienes pueden demostrar que laboran ahí. La actitud del personal de seguridad en los accesos, tanto en la calle de Enríquez como en el acceso del Parque Juárez, es hostil y prepotente, reflejando la cerrazón de este gobierno y su visión autoritaria sobre el ejercicio del poder.
Pero este fenómeno no es exclusivo del Ejecutivo estatal. En los tres poderes del Estado persiste la misma actitud de soberbia, donde los servidores públicos se creen por encima de la ley, normalizando la violencia y la prepotencia como prácticas de gobierno. Se niegan a bajar del pedestal en el que ellos mismos se han colocado, convencidos de una supuesta superioridad, cuando en realidad lo único que demuestran es su incapacidad, falta de ética y desconocimiento de las leyes que están obligados a respetar.
Mientras tanto, el municipio, el estado y el país se hunden en los peores niveles de ingobernabilidad, como la que actualmente se vive en México y Veracruz, que es el contexto donde me muevo.
Otro aspecto que me indigna es ver cómo los *"políticos de pacotilla"* se disfrazan de ovejas para infiltrarse en las dependencias y, una vez dentro, traicionan a quienes les brindaron lealtad. Son los caballos de Troya que, después de obtener información, la utilizan para atacar a quienes les tendieron la mano. El político es, en esencia, un ser rastrero, un traidor vulgar que, una vez que obtiene lo que desea, es capaz de desconocer hasta a su propia madre e hijos. No entiende de lealtad ni de ética, y difícilmente podría sostener un código de honor, pues carece de valores y principios.
Personalmente, no creo en ningún político. Mi lealtad nace en mí misma como una forma de vida. La palabra es un compromiso sagrado, y cuando alguien la empeña sin intención de honrarla, se falta el respeto a sí mismo.
Cuando un individuo se arrastra y traiciona, ni todo el poder ni todo el dinero lo redimen. Sigue siendo un gusano. Así lo veo, así lo vemos y así lo percibe el mundo. No importa cuánto amase, seguirá arrastrándose por el resto de su vida, pues su valor radica en su bajeza.
Es aberrante cómo se ha normalizado la violencia política ejercida por individuos inestables, impresentables e ignorantes, que utilizan el poder y el dinero como una máscara para ocultar su vacío. Sin ellos, no son nada.
Asesoría jurídica:
Tema: Amenazan a un trabajador por descontar el día si asiste a una audiencia en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Toda persona tiene derecho a su defensa legal ante los tribunales especializados en la materia. Este derecho, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial. Además, el artículo 14 asegura el debido proceso, protegiendo a los ciudadanos contra cualquier acto arbitrario.
Cuando un servidor público amenaza, impide u obstaculiza a un trabajador para que acuda a las audiencias derivadas de sus procedimientos legales, incurre en delitos graves. De acuerdo con el artículo 225 del Código Penal Federal, los servidores públicos que obstaculicen la impartición de justicia cometen delitos contra la administración de justicia. Esto puede incluir desde amenazas directas hasta la manipulación de procesos administrativos para coaccionar al trabajador.
En el ámbito laboral, la Ley Federal del Trabajo también protege a los trabajadores que ejercen su derecho a la defensa legal. El artículo 123 constitucional establece que las condiciones de trabajo deben ser justas y que los derechos laborales deben ser respetados. Cualquier intento de un servidor público por entorpecer este derecho constituye una violación directa a la ley.
Además, amenazar a un trabajador con descontarle el día por asistir a una audiencia o ejercer su derecho a la defensa legal podría considerarse una represalia laboral. Esto podría implicar una violación a los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la legislación laboral y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
No es menor la gravedad de estas acciones, pues atentan contra el estado de derecho y la confianza en las instituciones. Las autoridades competentes tienen la responsabilidad de investigar y sancionar a aquellos servidores públicos que abusen de su poder para impedir el acceso a la justicia. Solo así podrá garantizarse una sociedad donde la ley prevalezca sobre los intereses particulares.
En un país donde la corrupción y los abusos de poder aún persisten, es imperativo que la ciudadanía conozca y ejerza sus derechos. La denuncia es una herramienta fundamental para enfrentar estas prácticas y exigir la rendición de cuentas. Ningún trabajador debe sentirse intimidado o despojado de su derecho a una defensa justa. El acceso a la justicia no es un privilegio, es un derecho inalienable que debe ser protegido y respetado en toda circunstancia.
Pongamos un ejemplo real: desde el gobierno de Javier Duarte de Ochoa hasta la fecha, los gobernadores de Veracruz han actuado como si el Palacio de Gobierno fuera de su propiedad. Implementan medidas de vigilancia para restringir el acceso al ciudadano, negándole el uso de un espacio público que, por ley, le pertenece.
En México, si un servidor público impide arbitrariamente el acceso de un ciudadano a un espacio público, incurre en responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales, dependiendo de las circunstancias.
¿Qué se entiende por restricción arbitraria?
Impedir el acceso a un espacio público mediante guardias de seguridad o personal de resguardo, sin justificación legal, constituye un acto arbitrario sancionable conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas* y el *Código Penal Federal.
En el caso de la administración actual, encabezada por Rocío Nahle García, esta práctica continúa sin modificación alguna. El edificio donde despacha permanece blindado, permitiendo la entrada únicamente a quienes pueden demostrar que laboran ahí. La actitud del personal de seguridad en los accesos, tanto en la calle de Enríquez como en el acceso del Parque Juárez, es hostil y prepotente, reflejando la cerrazón de este gobierno y su visión autoritaria sobre el ejercicio del poder.
Pero este fenómeno no es exclusivo del Ejecutivo estatal. En los tres poderes del Estado persiste la misma actitud de soberbia, donde los servidores públicos se creen por encima de la ley, normalizando la violencia y la prepotencia como prácticas de gobierno. Se niegan a bajar del pedestal en el que ellos mismos se han colocado, convencidos de una supuesta superioridad, cuando en realidad lo único que demuestran es su incapacidad, falta de ética y desconocimiento de las leyes que están obligados a respetar.
Mientras tanto, el municipio, el estado y el país se hunden en los peores niveles de ingobernabilidad, como la que actualmente se vive en México y Veracruz, que es el contexto donde me muevo.
Otro aspecto que me indigna es ver cómo los *"políticos de pacotilla"* se disfrazan de ovejas para infiltrarse en las dependencias y, una vez dentro, traicionan a quienes les brindaron lealtad. Son los caballos de Troya que, después de obtener información, la utilizan para atacar a quienes les tendieron la mano. El político es, en esencia, un ser rastrero, un traidor vulgar que, una vez que obtiene lo que desea, es capaz de desconocer hasta a su propia madre e hijos. No entiende de lealtad ni de ética, y difícilmente podría sostener un código de honor, pues carece de valores y principios.
Personalmente, no creo en ningún político. Mi lealtad nace en mí misma como una forma de vida. La palabra es un compromiso sagrado, y cuando alguien la empeña sin intención de honrarla, se falta el respeto a sí mismo.
Cuando un individuo se arrastra y traiciona, ni todo el poder ni todo el dinero lo redimen. Sigue siendo un gusano. Así lo veo, así lo vemos y así lo percibe el mundo. No importa cuánto amase, seguirá arrastrándose por el resto de su vida, pues su valor radica en su bajeza.
Es aberrante cómo se ha normalizado la violencia política ejercida por individuos inestables, impresentables e ignorantes, que utilizan el poder y el dinero como una máscara para ocultar su vacío. Sin ellos, no son nada.
Asesoría jurídica:
Tema: Amenazan a un trabajador por descontar el día si asiste a una audiencia en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Toda persona tiene derecho a su defensa legal ante los tribunales especializados en la materia. Este derecho, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza el acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial. Además, el artículo 14 asegura el debido proceso, protegiendo a los ciudadanos contra cualquier acto arbitrario.
Cuando un servidor público amenaza, impide u obstaculiza a un trabajador para que acuda a las audiencias derivadas de sus procedimientos legales, incurre en delitos graves. De acuerdo con el artículo 225 del Código Penal Federal, los servidores públicos que obstaculicen la impartición de justicia cometen delitos contra la administración de justicia. Esto puede incluir desde amenazas directas hasta la manipulación de procesos administrativos para coaccionar al trabajador.
En el ámbito laboral, la Ley Federal del Trabajo también protege a los trabajadores que ejercen su derecho a la defensa legal. El artículo 123 constitucional establece que las condiciones de trabajo deben ser justas y que los derechos laborales deben ser respetados. Cualquier intento de un servidor público por entorpecer este derecho constituye una violación directa a la ley.
Además, amenazar a un trabajador con descontarle el día por asistir a una audiencia o ejercer su derecho a la defensa legal podría considerarse una represalia laboral. Esto podría implicar una violación a los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la legislación laboral y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
No es menor la gravedad de estas acciones, pues atentan contra el estado de derecho y la confianza en las instituciones. Las autoridades competentes tienen la responsabilidad de investigar y sancionar a aquellos servidores públicos que abusen de su poder para impedir el acceso a la justicia. Solo así podrá garantizarse una sociedad donde la ley prevalezca sobre los intereses particulares.
En un país donde la corrupción y los abusos de poder aún persisten, es imperativo que la ciudadanía conozca y ejerza sus derechos. La denuncia es una herramienta fundamental para enfrentar estas prácticas y exigir la rendición de cuentas. Ningún trabajador debe sentirse intimidado o despojado de su derecho a una defensa justa. El acceso a la justicia no es un privilegio, es un derecho inalienable que debe ser protegido y respetado en toda circunstancia.
Vínculos
DIRECTORIO:
Director General, Jorge Alberto Zumaya Cruz. Subdirector, Irineo Pérez Melo. Jefe de Información Antonio Sánchez Sánchez. Administración, Alejandra Arroyo Guzmán. Xalapa de Enríquez, Veracruz, México. Correo: pfiscal@hotmail.com Cel: 22 82 41 11 21
Testamento:¿Que sucede cuando muere una persona cercana o familiar? Notario Silvio Lagos Martínez.
Video1https://youtu.be/c-d
Video2https://youtu.be/4XKUnYqXX4M
Video3https://youtu.be/rYMRQWTd7Gs
CEL 2281185842
La mejor escuela para aprender a bailar en Xalapa, Ver.
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