Riesgo de enfrentamiento entre ejidatarios y colonos en Ángel R. Cabada, piden la intervención del gobierno estatal: Rafael Lindo Chaga.

07 Oct 26 - 21:54

Riesgo de enfrentamiento entre ejidatarios y colonos en Ángel R. Cabada, piden la intervención del gobierno estatal: Rafael Lindo Chaga.

*Disputa de 77 hectáreas de la ampliación del Ejido Ángel R. Cabada, podrían generar hechos violentos, señalan.

Irineo Pérez Melo.

Xalapa, Ver., miércoles 7 de octubre 2026.- Ante el riesgo de un enfrentamiento entre ejidatarios y colonos por la disputa de 77 hectáreas aproximadamente de la ampliación del ejido Ángel R. Cabada, ejidatario demandaron la intervención de la gobernadora Rocío Nahle y de la fiscal general del estado Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre para que se garantice la seguridad a las partes involucradas.

Esto lo informó Rafael Lindo Chaga, presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo (FOSEC), quien dijo que el problema se deriva de un conflicto relacionado por la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, con sede en San Andrés Tuxtla.

En conferencia de prensa, el dirigente campesino dio a conocer que el problema se suscitó hace dos días y se derivó a raíz de la sentencia emitida por el citado tribunal y cuya ejecución se ha prolongado por muchos varios años. Actualmente ha generado tensión entre los grupos involucrados.

Al respecto, el licenciado Lázaro de Jesús Matías, representante jurídico de los ejidatarios, informó que el origen del conflicto se remonta a un juicio agrario iniciado en 1998, con el expediente 571/1998, en el que se disputó una superficie de 77 hectáreas ubicadas cerca de la carretera federal Ángel R. Cabada-Santiago Tuxtla, entre ejidatarios de dotación y de ampliación.

Explicó que en ese juicio se ventiló una problemática de lo que era ejidatarios de dotación con ejidatarios de ampliación. Los primeros tenían una superficie de 77 hectáreas las cuales correspondían a los ejidatarios de la ampliación. En 1988 se inició un juicio bajo el número 571 y fue hasta el 2002 cuando el Tribunal Agrario emite la sentencia, condenando a los ejidatarios de dotación por conducto de los integrantes del comisariado ejidal, hacerles la entrega a los ejidatarios de ampliación.

Detalló que tras causar ejecutoria la resolución, se ordenó realizar la entrega legal y material de los terrenos, que no se ha cumplido y, posteriormente, comenzaron a ingresar personas a la superficie en disputa, conformando el asentamiento conocido actualmente como colonia El Mesón, en donde los ejidatarios de dotación ingresaron a personas a esos terrenos, para hacer sus viviendas, que ya habían sido condenados a entregar.

Tras el procedimiento, el Juez de Distrito y el Tribunal Agrario vincularon el cumplimiento de la entrega de estos predios a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero hubo omisión para entregar los terrenos a los ejidatarios de ampliación, quienes recurrieron a la justicia federal y promovieron el juicio de amparo indirecto 220/2010 ante el Juzgado Tercero de Distrito.
7 Oct. 2026

Fue el 3 de diciembre de 2925 que se logra una ejecución por una fracción de 27 hectáreas y los ejidatarios de ampliación toman posesión, realizándose la diligencia, pero los ejidatarios de dotación, una vez desalojados, vuelven a tomar posesión de una cierta superficie, por lo que interponen la denuncia respectiva.

Evidenciaron que la FGE actualmente ha detenido la carpeta de investigación, desconociéndose los motivos, por lo que al solicitar una explicación al órgano autónomo, éste les respondió que Servicios Periciales no cuenta con peritos en la materia para identificar esa superficie.

Por esta situación se han presentado agresiones entre ambas partes y se han interpuesto las denuncias en contra de los agresores a los ejidatarios, por lo que urgieron a las autoridades competentes a dar solución al conflicto, que, de no hacerlo, podría derivar en un problema mayor.

Finalmente, los inconformes están solicitando la intervención de las autoridades para hacer cumplir la ley y evitar un enfrentamiento con consecuencias que lamentar.

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Esto lo informó Rafael Lindo Chaga, presidente del Frente de Organizaciones Sociales y Económicas del Campo (FOSEC), quien dijo que el problema se deriva de un conflicto relacionado por la sentencia emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 40, con sede en San Andrés Tuxtla. En conferencia de prensa, el dirigente campesino dio a conocer que el problema se suscitó hace dos días y se derivó a raíz de la sentencia emitida por el citado tribunal y cuya ejecución se ha prolongado por muchos varios años. Actualmente ha generado tensión entre los grupos involucrados. Al respecto, el licenciado Lázaro de Jesús Matías, representante jurídico de los ejidatarios, informó que el origen del conflicto se remonta a un juicio agrario iniciado en 1998, con el expediente 571/1998, en el que se disputó una superficie de 77 hectáreas ubicadas cerca de la carretera federal Ángel R. Cabada-Santiago Tuxtla, entre ejidatarios de dotación y de ampliación. Explicó que en ese juicio se ventiló una problemática de lo que era ejidatarios de dotación con ejidatarios de ampliación. Los primeros tenían una superficie de 77 hectáreas las cuales correspondían a los ejidatarios de la ampliación. En 1988 se inició un juicio bajo el número 571 y fue hasta el 2002 cuando el Tribunal Agrario emite la sentencia, condenando a los ejidatarios de dotación por conducto de los integrantes del comisariado ejidal, hacerles la entrega a los ejidatarios de ampliación. Detalló que tras causar ejecutoria la resolución, se ordenó realizar la entrega legal y material de los terrenos, que no se ha cumplido y, posteriormente, comenzaron a ingresar personas a la superficie en disputa, conformando el asentamiento conocido actualmente como colonia El Mesón, en donde los ejidatarios de dotación ingresaron a personas a esos terrenos, para hacer sus viviendas, que ya habían sido condenados a entregar. Tras el procedimiento, el Juez de Distrito y el Tribunal Agrario vincularon el cumplimiento de la entrega de estos predios a la Guardia Nacional y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero hubo omisión para entregar los terrenos a los ejidatarios de ampliación, quienes recurrieron a la justicia federal y promovieron el juicio de amparo indirecto 220/2010 ante el Juzgado Tercero de Distrito. Fue el 3 de diciembre de 2925 que se logra una ejecución por una fracción de 27 hectáreas y los ejidatarios de ampliación toman posesión, realizándose la diligencia, pero los ejidatarios de dotación, una vez desalojados, vuelven a tomar posesión de una cierta superficie, por lo que interponen la denuncia respectiva. Evidenciaron que la FGE actualmente ha detenido la carpeta de investigación, desconociéndose los motivos, por lo que al solicitar una explicación al órgano autónomo, éste les respondió que Servicios Periciales no cuenta con peritos en la materia para identificar esa superficie. Por esta situación se han presentado agresiones entre ambas partes y se han interpuesto las denuncias en contra de los agresores a los ejidatarios, por lo que urgieron a las autoridades competentes a dar solución al conflicto, que, de no hacerlo, podría derivar en un problema mayor. Finalmente, los inconformes están solicitando la intervención de las autoridades para hacer cumplir la ley y evitar un enfrentamiento con consecuencias que lamentar.* Estimados lectores: Necesitamos tu ayuda para seguir brindando información veraz y oportuna. Mantener el portal informativo El Fiscal requiere recursos económicos. ¿Cómo puedes apoyarnos? - Comparte nuestras noticias en redes sociales. - Suscríbete y anúnciate en nuestro portal informativo. - Donativo único o recurrente. Realiza un depósito de apoyo en esta cuenta: Bancoppel 4169 1614 8974 5785 iniciales J.A.Z.C. ¡Tu apoyo es fundamental! Lic. Jorge Alberto Zumaya Cruz. Director. 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