Legalidad y legitimidad en la elección del rector: el caso de la UV. Dr. Rafael Vela Martínez. Lunes 1 de septiembre 2025.
01 Sep 25 - 08:59
Legalidad y legitimidad en la elección del rector: el caso de la UV
Dr. Rafael Vela Martínez.
A mis compañeros aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), a la comunidad académica y universitaria en general:
Xalapa, Ver., lunes 1 de septiembre 2025.- La designación del rector en una universidad pública no es un asunto administrativo menor. Se trata de una decisión que define el rumbo académico, político y ético de una institución que pertenece al pueblo de Veracruz. Por ello, este proceso debe estar regido por principios de legalidad, igualdad y legitimidad democrática, sin los cuales se pierde toda validez y la universidad corre el riesgo de caer en la arbitrariedad y la opacidad.
El Artículo 3º Constitucional establece que la educación superior debe impartirse bajo criterios de legalidad, democracia, respeto a los derechos humanos y excelencia académica. Y el Artículo 1º de la Constitución obliga a todas las autoridades a garantizar el derecho de igualdad. Estos principios no son negociables ni pueden ser objeto de interpretaciones a modo: constituyen mandatos jurídicos de observancia obligatoria.
En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la rectora en funciones, Lilia Cedillo Ramírez, solicitó licencia para poder participar en el proceso de reelección. Con ello se respetó el principio de igualdad de condiciones: nadie, ni siquiera la autoridad en funciones, puede competir con ventaja sobre los demás aspirantes. Ese es un ejemplo claro de legalidad democrática.
En la Universidad Nacional de Colombia, el intento de alterar las reglas para imponer a un candidato derivó en un proceso judicial. El tribunal respectivo declaró nulo el nombramiento manipulado, confirmando una verdad jurídica inapelable: cuando se cambia el procedimiento previsto en la normatividad universitaria, el acto es ilegal y debe anularse.
Estos casos demuestran que, tanto en México como en el ámbito internacional, la legalidad en la designación de autoridades universitarias es un principio universal.
En contraste, la situación en la Universidad Veracruzana es alarmante. La Junta de Gobierno decidió prorrogar por cuatro años adicionales el mandato del rector Martín Aguilar Sánchez, en un acto que es a todas luces ilegal e ilegítimo. Dicha prórroga no se encuentra contemplada en la Ley Orgánica ni en la normatividad universitaria. Se trata de una decisión arbitraria que viola el principio de legalidad (art. 16 constitucional), suprime la igualdad de condiciones entre aspirantes y niega a la comunidad universitaria su derecho a un proceso legítimo de renovación del liderazgo.
Otorgar un nuevo periodo sin elecciones transparentes equivale a instaurar un rector vitalicio, figura que contradice la esencia democrática de una universidad pública. Esto erosiona la confianza de estudiantes, académicos y egresados, y envía a la sociedad un mensaje desolador: que la Máxima Casa de Estudios de Veracruz tolera la ilegalidad y el autoritarismo.
La UV no puede ser rehén de una prórroga indebida ni de componendas de poder. La legitimidad de sus autoridades debe provenir de procesos abiertos, claros y legales, no de maniobras que despojan a la comunidad universitaria de sus derechos.
Hoy está en juego más que un nombramiento: está en juego la credibilidad de la Universidad Veracruzana, su papel como motor del desarrollo estatal y su prestigio nacional e internacional. Una universidad que viola la legalidad pierde su autoridad moral para enseñar el valor de la democracia y el respeto a la ley.
Por ello, con toda claridad afirmamos:
Sin legalidad no hay legitimidad. Sin legitimidad no hay universidad.
Dirección de correo para comentarios: rvelam_1@hotmail.com
Dr. Rafael Vela Martínez.
A mis compañeros aspirantes a la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV), a la comunidad académica y universitaria en general:
Xalapa, Ver., lunes 1 de septiembre 2025.- La designación del rector en una universidad pública no es un asunto administrativo menor. Se trata de una decisión que define el rumbo académico, político y ético de una institución que pertenece al pueblo de Veracruz. Por ello, este proceso debe estar regido por principios de legalidad, igualdad y legitimidad democrática, sin los cuales se pierde toda validez y la universidad corre el riesgo de caer en la arbitrariedad y la opacidad.
El Artículo 3º Constitucional establece que la educación superior debe impartirse bajo criterios de legalidad, democracia, respeto a los derechos humanos y excelencia académica. Y el Artículo 1º de la Constitución obliga a todas las autoridades a garantizar el derecho de igualdad. Estos principios no son negociables ni pueden ser objeto de interpretaciones a modo: constituyen mandatos jurídicos de observancia obligatoria.
En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la rectora en funciones, Lilia Cedillo Ramírez, solicitó licencia para poder participar en el proceso de reelección. Con ello se respetó el principio de igualdad de condiciones: nadie, ni siquiera la autoridad en funciones, puede competir con ventaja sobre los demás aspirantes. Ese es un ejemplo claro de legalidad democrática.
En la Universidad Nacional de Colombia, el intento de alterar las reglas para imponer a un candidato derivó en un proceso judicial. El tribunal respectivo declaró nulo el nombramiento manipulado, confirmando una verdad jurídica inapelable: cuando se cambia el procedimiento previsto en la normatividad universitaria, el acto es ilegal y debe anularse.
Estos casos demuestran que, tanto en México como en el ámbito internacional, la legalidad en la designación de autoridades universitarias es un principio universal.
En contraste, la situación en la Universidad Veracruzana es alarmante. La Junta de Gobierno decidió prorrogar por cuatro años adicionales el mandato del rector Martín Aguilar Sánchez, en un acto que es a todas luces ilegal e ilegítimo. Dicha prórroga no se encuentra contemplada en la Ley Orgánica ni en la normatividad universitaria. Se trata de una decisión arbitraria que viola el principio de legalidad (art. 16 constitucional), suprime la igualdad de condiciones entre aspirantes y niega a la comunidad universitaria su derecho a un proceso legítimo de renovación del liderazgo.
Otorgar un nuevo periodo sin elecciones transparentes equivale a instaurar un rector vitalicio, figura que contradice la esencia democrática de una universidad pública. Esto erosiona la confianza de estudiantes, académicos y egresados, y envía a la sociedad un mensaje desolador: que la Máxima Casa de Estudios de Veracruz tolera la ilegalidad y el autoritarismo.
La UV no puede ser rehén de una prórroga indebida ni de componendas de poder. La legitimidad de sus autoridades debe provenir de procesos abiertos, claros y legales, no de maniobras que despojan a la comunidad universitaria de sus derechos.
Hoy está en juego más que un nombramiento: está en juego la credibilidad de la Universidad Veracruzana, su papel como motor del desarrollo estatal y su prestigio nacional e internacional. Una universidad que viola la legalidad pierde su autoridad moral para enseñar el valor de la democracia y el respeto a la ley.
Por ello, con toda claridad afirmamos:
Sin legalidad no hay legitimidad. Sin legitimidad no hay universidad.
Dirección de correo para comentarios: rvelam_1@hotmail.com
Vínculos
Últimos miembros
DIRECTORIO:
Director General, Jorge Alberto Zumaya Cruz. Subdirector, Irineo Pérez Melo. Jefe de Información Antonio Sánchez Sánchez. Administración, Alejandra Arroyo Guzmán. Xalapa de Enríquez, Veracruz, México. Correo: pfiscal@hotmail.com Cel: 22 82 41 11 21
Testamento:¿Que sucede cuando muere una persona cercana o familiar? Notario Silvio Lagos Martínez.
Video1https://youtu.be/c-d
Video2https://youtu.be/4XKUnYqXX4M
Video3https://youtu.be/rYMRQWTd7Gs
Copyright mi página Web
1803932
Agregar un comentario