EXIGEN AL OPLE VERACRUZ REVISAR CASO DE SU CONTRALOR: ACUSADO DE NO ENTREGAR EL BRITANIA

    26 Oct 26 - 16:05

    EXIGEN AL OPLE VERACRUZ REVISAR CASO DE SU CONTRALOR: ACUSADO DE NO ENTREGAR EL BRITANIA
     
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    e niega supuestamente a entregar instalaciones y cuentas a la directiva provisional, pese a existir denuncia penal en su contra.
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    Jorge Zumaya.

    Xalapa, Ver., 26 de octubre de 2026.- En medio de la polémica nacional por la expulsión de México de tribunales internacionales por la reforma judicial, en Veracruz estalló otro escándalo que toca directamente al árbitro electoral.
     
    El Contralor General del OPLE Veracruz, Gerardo Rafael Garza Dávila, fue señalado por el Consejo Interino del Club Social y Deportivo Las Ánimas S.A. de C.V. (Club Britania) como presidente del consejo depuesto que se niega supuestamente a entregar instalaciones y cuentas a la directiva provisional, pese a existir denuncia penal en su contra.
     
    De acuerdo con los denunciantes —Marcos Salas Contreras, Fernando López Ochoa, José Othón Flores y el Arq. Héctor Garza Yáñez— la querella quedó radicada en la Carpeta de Investigación 989/2026, ante la Fiscalía Quinta de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del XI Distrito Judicial en Xalapa, con fecha del 7 de abril de 2026, por el probable delito de administración fraudulenta y lo que resulte.

    27 sept. 2026
    Según su dicho, desde el 10 de agosto solicitaron citatorios, pero no hay avance.
     
    ¿Quién es?

    No es un funcionario menor. Garza Dávila es el titular del Órgano Interno de Control del OPLE Veracruz, designado por el Congreso del Estado el 31 de julio de 2024 para un periodo de 6 años. Su función es auditar, investigar y sancionar la corrupción dentro del organismo que organiza las elecciones en Veracruz.
     
    En su propia página oficial, el OPLE lo presenta como licenciado en Derecho por la UANE, con especialidad y maestría en Derecho Fiscal por la UNAM y doctorando en Derecho Público por la UV.
     
    La pregunta incómoda: ¿Debe renunciar, aunque el Britania sea privado?
     
    Jurídicamente, el Club Britania es una S.A. de C.V., una empresa privada. Pero éticamente, el conflicto es brutal:
     
    1. Principio de probidad: La Ley General de Responsabilidades Administrativas obliga a todo servidor público —y más al contralor— a actuar con rectitud, transparencia y a evitar cualquier conflicto de interés. ¿Cómo puede el encargado de vigilar el dinero público estar señalado, aunque sea presuntamente, de no rendir cuentas de dinero privado de 1000 familias?
     
    2. Daño reputaciones al OPLE: El OPLE Veracruz vive de la confianza ciudadana. Como ellos mismos dicen en sus comunicados, "la palabra es sinónimo de congruencia cuando se sabe cumplir". Tener a su contralor denunciado penalmente y exhibido en conferencias de prensa donde preguntan "¿Cómo es posible que se mantenga a una persona que ya está denunciada penalmente?" destruye esa congruencia.
     
    3. No es corrupción del OPLE, pero sí crisis de legitimidad: Hasta hoy no hay carpeta contra el OPLE por corrupción de Garza Dávila. La presunta irregularidad es en el Britania. Pero en derecho electoral, la forma es fondo. Si el contralor no entrega cuentas de un club, ¿qué mensaje manda a los partidos y candidatos que él debe fiscalizar?
     
    El Consejo Interino no pide su destitución del OPLE, pide que las autoridades electorales revisen su caso. En buen español: que el Consejo General del OPLE y el Congreso de Veracruz apliquen el artículo 60 de la Ley de Responsabilidades y lo separen del cargo mientras aclara su situación patrimonial en el Britania.
     
    Porque, aunque el Britania sea privado, el OPLE es público. Y el que vigila la honestidad, no puede estar bajo sospecha de deshonestidad.
     
    NOTA ACLARATORIA: Los señalamientos sobre presunta administración fraudulenta y retención de instalaciones son atribuidos al Consejo Interino del Club Britania y constan en la Carpeta 989/2026. Se presume la inocencia del C. Gerardo Rafael Garza Dávila hasta que autoridad competente determine lo contrario. Se deja a salvo su derecho de réplica.
     
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