¿Dónde están los 5,561 millones de la Universidad Veracruzana? Dr. Rafael Vela Martínez Xalapa, Ver., lunes 16 de marzo 2026.
16 Mar 26 - 10:10
¿Dónde están los 5,561 millones de la Universidad Veracruzana?Dr. Rafael Vela Martínez.
Xalapa, Ver., lunes 16 de marzo 2026.- La llegada de Aureliano Hernández Palacios Cardel a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) puede marcar un punto de inflexión en la fiscalización del gasto público en México. Pero en Veracruz y, particularmente en la vida institucional de la Universidad Veracruzana (UV), el significado político de este nombramiento podría ser aún mayor, ya que abre la posibilidad de esclarecer el destino del subejercicio multimillonario señalado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).
Cuando se habla de Aureliano Hernández Palacios Cardel, no se trata de cualquier funcionario, se trata de un integrante de una familia profundamente ligada a la historia universitaria veracruzana. Su abuelo, Aureliano Hernández Palacios, fue rector de la UV, y es recordado como uno de los universitarios más íntegros y visionarios que ha tenido la institución. En particular, el padre del actual auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Mirón, desarrolló una amplia trayectoria docente dentro de la universidad, impartiendo clases en facultades como economía, de donde procedo, ingeniería, administración y arquitectura, así como en la maestría en desarrollo regional del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), justamente mi centro de adscripción donde trato de rescatar la investigación en desarrollo y economía regional.
La historia de esta familia tiene además un fuerte simbolismo social: Don Aureliano Hernández Palacios provenía del municipio indígena de Tequila, Veracruz, en la región de la Sierra de Zongolica. Desde esa tierra marginada emergió un rector que defendió la dignidad académica y el carácter público de la universidad. Hoy, décadas después, su nieto encabeza el órgano constitucional más importante de fiscalización del país. Y eso ocurre en un momento particularmente delicado para la UV, que enfrenta crisis de legalidad por la prórroga ilegal que la Junta de Gobierno otorgó al Rector Martín Aguilar. De acuerdo con los Informes de Resultados de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2021, 2022, 2023 y 2024 del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), la Universidad Veracruzana registró subejercicios presupuestales acumulados por 5,561,258,147 pesos durante ese periodo.
El subejercicio acumulado de 5,561 millones de pesos en la Universidad Veracruzana entre 2021 y 2024 equivale aproximadamente a: más de 110 mil becas universitarias de $50,000 pesos anuales; la construcción de 55–70 edificios universitarios modernos (estimando entre 80 y 100 millones por edificio); financiar 5,000 proyectos de investigación científica de un millón de pesos cada uno; duplicar durante varios años el presupuesto de infraestructura universitaria. En otras palabras: más de cinco mil quinientos millones de pesos que pudieron haber transformado la investigación, la infraestructura y las oportunidades educativas de decenas de miles de estudiantes, pero que no se ejercieron. La pregunta inevitable es: ¿dónde terminó ese dinero?
El subejercicio presupuestal no es un simple error administrativo. Cuando una institución devuelve recursos millonarios al final del ejercicio fiscal, se genera una zona gris financiera que exige una explicación pública clara. En el ambiente universitario veracruzano se ha instalado una hipótesis inquietante: que ese subejercicio podría haber servido para financiar intereses políticos externos a la universidad. No es un señalamiento menor. Si recursos destinados a la educación pública terminaron fortaleciendo a grupos políticos, estaríamos frente a una de las desviaciones más graves del presupuesto universitario en la historia reciente de Veracruz. Hasta ahora, la rectoría ha evitado dar una explicación convincente.
Aquí es donde el nombramiento de Aureliano Hernández Palacios Cardel adquiere una dimensión estratégica. Como titular de la Auditoría Superior de la Federación, tendrá la responsabilidad de revisar el uso de los recursos federales transferidos a estados y universidades durante los próximos ocho años. Y en ese proceso, inevitablemente aparecerá el caso de la UV. La expectativa es evidente: que por primera vez una auditoría federal rigurosa esclarezca el destino de miles de millones de pesos que no se ejercieron en la universidad; justamente por ello es que la nueva etapa de la ASF representa algo más que un cambio burocrático. Representa la posibilidad de que finalmente se sepa qué ocurrió con esos recursos. Y, si es necesario, que se deslinden responsabilidades, pues aquí está presente el delito de daño al patrimonio universitario. Si esos recursos fueron desviados hacia proyectos políticos, la sociedad tiene derecho a saberlo. Y la universidad tiene la obligación de explicarlo.
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