Defensa de Higinio Bustos promovió amparo indirecto para revertir sentencia de 20 años de prisión en su contra

01 Dec 25 - 19:40

Defensa de Higinio Bustos promovió amparo indirecto para revertir sentencia de 20 años de prisión en su contra

*Lleva casi 5 años recluido en un penal en Coatzacoalcos, por delitos que no están debidamente acreditado, señalan sus abogados.

Irineo Pérez Melo.

Xalapa, Ver., lunes 1 de diciembre 2025.- A cuatro años 7 meses de estar recluido en un una prisión en el municipio de Coatzacoalcos, purgando una sentencia de 20 años de prisión, la defensa de Higinio Bustos Navarro promovió este lunes ante el Poder Judicial Federal un amparo directo, a fin de revertir dicha sentencia.

Esto fue informado por representantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y el equipo jurídico que lleva la defensa del mencionado, quienes reiteraron que su reclusión no está sustentada con pruebas suficientes para acreditar el delito de homicidio, por el que fue condenado.

Por tal motivo, los militantes del FNLS realizaron una serie de acciones para exigir su liberación, al considerar que su reclusión atenta contra sus derechos humanos. En Xalapa, iniciaron un plantón permanente y en el norte del estado, Tantoyuca, Chicontepec y en el entronque de la autopista Cardel-Vega de Alatorre, bloqueos intermitentes para demandar sea revertida la sentencia.

El abogado Sandivo Rivero, recordó que Eugenio Bustos fue detenido en mayo de 2021 por hechos ocurridos en 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, y señaló que la investigación fue fabricada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien le acusó de haber asesinado a un militar en activo, infiltrado en la organización social a la que pertenece el activista, quien operaba como agente encubierto.

Por ese motivo, uno de los puntos centrales del amparo interpuesto, es solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y realice por primera vez una interpretación constitucional de la figura del agente encubierto, especialmente cuando se trata de infiltraciones a organizaciones sociales defensoras de derechos humanos.

En ese contexto, el abogado defensor, destacó que la ley de Seguridad Nacional no establece facultades explícitas para que el Ejército infiltre movimientos sociales, y que la ausencia de una regulación clara viola derechos fundamentales.

A su vez, el abogado Leonel Rivero explicó que, de acuerdo con los manuales de inteligencia del Ejército, las operaciones de infiltración se dirigen al “enemigo”, lo cual implica que las organizaciones sociales están siendo tratadas como tales e indicó que este caso no es aislado, pues ya se tiene un precedente de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre los cuales también se confirmó la presencia de un militar infiltrado.

Es por ello que se está insistiendo ante la Corte que se pronuncie sobre si las Fuerzas Armadas pueden infiltrar organizaciones sin control judicial y analizar la legalidad de estas prácticas.

El amparo directo recién presentado deberá ser enviado en un plazo de cinco días a uno de los dos tribunales colegiados de circuito con sede en Boca del Río. Dichos tribunales podrán, de oficio, solicitar que la Suprema Corte atraiga el caso, o la propia Corte podrá hacerlo, se indicó en la rueda de prensa.

Además, afirmaron que continuarán impulsando la atracción para que el tema sea revisado a fondo y se establezcan criterios que protejan a las organizaciones sociales ante este tipo de prácticas militares, además de buscar la libertad de Higinio Bustos Navarro.

Es de señalar que en esta capital, militantes del FNLS, bloquearon parcialmente la avenida Lázaro Cárdenas, frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como medida de presión. La presencia de granaderos, obligo a los manifestantes a replegarse y al final de cuentas, a desalojar la vía pública.

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Esto fue informado por representantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) y el equipo jurídico que lleva la defensa del mencionado, quienes reiteraron que su reclusión no está sustentada con pruebas suficientes para acreditar el delito de homicidio, por el que fue condenado. Por tal motivo, los militantes del FNLS realizaron una serie de acciones para exigir su liberación, al considerar que su reclusión atenta contra sus derechos humanos. En Xalapa, iniciaron un plantón permanente y en el norte del estado, Tantoyuca, Chicontepec y en el entronque de la autopista Cardel-Vega de Alatorre, bloqueos intermitentes para demandar sea revertida la sentencia. El abogado Sandivo Rivero, recordó que Eugenio Bustos fue detenido en mayo de 2021 por hechos ocurridos en 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, y señaló que la investigación fue fabricada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), quien le acusó de haber asesinado a un militar en activo, infiltrado en la organización social a la que pertenece el activista, quien operaba como agente encubierto. Por ese motivo, uno de los puntos centrales del amparo interpuesto, es solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga el caso y realice por primera vez una interpretación constitucional de la figura del agente encubierto, especialmente cuando se trata de infiltraciones a organizaciones sociales defensoras de derechos humanos. En ese contexto, el abogado defensor, destacó que la ley de Seguridad Nacional no establece facultades explícitas para que el Ejército infiltre movimientos sociales, y que la ausencia de una regulación clara viola derechos fundamentales. A su vez, el abogado Leonel Rivero explicó que, de acuerdo con los manuales de inteligencia del Ejército, las operaciones de infiltración se dirigen al “enemigo”, lo cual implica que las organizaciones sociales están siendo tratadas como tales e indicó que este caso no es aislado, pues ya se tiene un precedente de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, entre los cuales también se confirmó la presencia de un militar infiltrado. Es por ello que se está insistiendo ante la Corte que se pronuncie sobre si las Fuerzas Armadas pueden infiltrar organizaciones sin control judicial y analizar la legalidad de estas prácticas. El amparo directo recién presentado deberá ser enviado en un plazo de cinco días a uno de los dos tribunales colegiados de circuito con sede en Boca del Río. Dichos tribunales podrán, de oficio, solicitar que la Suprema Corte atraiga el caso, o la propia Corte podrá hacerlo, se indicó en la rueda de prensa. Además, afirmaron que continuarán impulsando la atracción para que el tema sea revisado a fondo y se establezcan criterios que protejan a las organizaciones sociales ante este tipo de prácticas militares, además de buscar la libertad de Higinio Bustos Navarro. Es de señalar que en esta capital, militantes del FNLS, bloquearon parcialmente la avenida Lázaro Cárdenas, frente a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como medida de presión. La presencia de granaderos, obligo a los manifestantes a replegarse y al final de cuentas, a desalojar la vía pública. 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