ASF reporta más de 9 mil millones pendientes por aclarar en la Cuenta Pública 2025
30 Oct 26 - 20:58
ASF reporta más de 9 mil millones pendientes por aclarar en la Cuenta Pública 2025
*De acuerdo con los datos presentados, dos grupos empresariales acumularon contratos por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026, mediante presuntos esquemas de empresas fantasma, triangulación de recursos y simulación de competencia.
CDMX, 30/10/2026(Analitikfp).- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó en el Recinto Legislativo de San Lázaro la Segunda Entrega de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025, en la que informó sobre más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclaración en los tres órdenes de gobierno, resultado de 374 auditorías.
Entre los principales hallazgos destacó la situación de 42 municipios cuyos recursos federales asignados, superiores a 5 mil 200 millones de pesos, no pudieron ser acreditados. Ante esta problemática, la ASF anunció la implementación de una plataforma obligatoria para garantizar la entrega de información financiera durante los procesos de cambio de administración municipal.
En el ámbito federal se identificaron observaciones por 2 mil 327 millones de pesos relacionadas con el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México.
Otro de los focos de atención corresponde al sector electoral, donde la ASF abrió una investigación de oficio sobre posibles redes de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPLE).
De acuerdo con los datos presentados, dos grupos empresariales acumularon contratos por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026, mediante presuntos esquemas de empresas fantasma, triangulación de recursos y simulación de competencia.
Asimismo, a petición del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se investigan posibles irregularidades en la contratación de la plataforma utilizada para el examen de admisión. En este caso, la ASF realizó por primera vez el aseguramiento precautorio de servidores e información de la empresa involucrada.
También se detectaron en Nuevo León y Sinaloa posibles esquemas de transferencias de recursos públicos a cuentas vinculadas con familiares de servidores públicos.
Hernández Palacios Cardel señaló que la estrategia del órgano fiscalizador busca intervenir desde el desarrollo de las auditorías y no únicamente al concluirlas. Como parte de este enfoque, informó que durante los primeros seis meses de la actual gestión se presentaron 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, tres de ellas durante el desarrollo de las revisiones, por posibles irregularidades relacionadas con obras no ejecutadas, equipo médico inexistente y facturas apócrifas de seguridad social.
La ASF también fortaleció la revisión de proveedores privados mediante acciones coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Antimonopolio. Además, emitió 60 promociones de comprobación fiscal ante el SAT y el IMSS. Como resultado de las acciones preventivas, diversas entidades federativas reintegraron mil 132 millones de pesos a la Tesorería, de los cuales 553 millones correspondieron al sector salud.
Los resultados presentados colocan en el centro del debate la necesidad de que las observaciones derivadas de las auditorías se traduzcan en sanciones y recuperación efectiva del dinero público.
Entre los retos señalados se encuentran el fortalecimiento de las facultades sancionatorias de la ASF, el seguimiento judicial oportuno de las denuncias penales y la creación de mecanismos que permitan identificar y vigilar a proveedores y personas políticamente expuestas, con el propósito de prevenir conflictos de interés y prácticas irregulares en las contrataciones públicas.
La fiscalización, por tanto, no debe limitarse a documentar anomalías financieras, sino contribuir a garantizar que los recursos públicos se ejerzan con transparencia y lleguen efectivamente a la población.
La recuperación del dinero observado y la aplicación de responsabilidades serán elementos fundamentales para evaluar el impacto de estas acciones en servicios esenciales como la salud y la educación.
Para acceder a los detalles de los informes, ingresar a:
https://informe.asf.gob.mx/#informes
CDMX, 30/10/2026(Analitikfp).- El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, presentó en el Recinto Legislativo de San Lázaro la Segunda Entrega de los Informes Individuales de Auditoría de la Cuenta Pública 2025, en la que informó sobre más de 9 mil millones de pesos pendientes de aclaración en los tres órdenes de gobierno, resultado de 374 auditorías.
Entre los principales hallazgos destacó la situación de 42 municipios cuyos recursos federales asignados, superiores a 5 mil 200 millones de pesos, no pudieron ser acreditados. Ante esta problemática, la ASF anunció la implementación de una plataforma obligatoria para garantizar la entrega de información financiera durante los procesos de cambio de administración municipal.
En el ámbito federal se identificaron observaciones por 2 mil 327 millones de pesos relacionadas con el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México.
Otro de los focos de atención corresponde al sector electoral, donde la ASF abrió una investigación de oficio sobre posibles redes de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales (OPLE).
De acuerdo con los datos presentados, dos grupos empresariales acumularon contratos por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026, mediante presuntos esquemas de empresas fantasma, triangulación de recursos y simulación de competencia.
Asimismo, a petición del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se investigan posibles irregularidades en la contratación de la plataforma utilizada para el examen de admisión. En este caso, la ASF realizó por primera vez el aseguramiento precautorio de servidores e información de la empresa involucrada.
También se detectaron en Nuevo León y Sinaloa posibles esquemas de transferencias de recursos públicos a cuentas vinculadas con familiares de servidores públicos.
Hernández Palacios Cardel señaló que la estrategia del órgano fiscalizador busca intervenir desde el desarrollo de las auditorías y no únicamente al concluirlas. Como parte de este enfoque, informó que durante los primeros seis meses de la actual gestión se presentaron 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, tres de ellas durante el desarrollo de las revisiones, por posibles irregularidades relacionadas con obras no ejecutadas, equipo médico inexistente y facturas apócrifas de seguridad social.
La ASF también fortaleció la revisión de proveedores privados mediante acciones coordinadas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Antimonopolio. Además, emitió 60 promociones de comprobación fiscal ante el SAT y el IMSS. Como resultado de las acciones preventivas, diversas entidades federativas reintegraron mil 132 millones de pesos a la Tesorería, de los cuales 553 millones correspondieron al sector salud.
Los resultados presentados colocan en el centro del debate la necesidad de que las observaciones derivadas de las auditorías se traduzcan en sanciones y recuperación efectiva del dinero público.
Entre los retos señalados se encuentran el fortalecimiento de las facultades sancionatorias de la ASF, el seguimiento judicial oportuno de las denuncias penales y la creación de mecanismos que permitan identificar y vigilar a proveedores y personas políticamente expuestas, con el propósito de prevenir conflictos de interés y prácticas irregulares en las contrataciones públicas.
La fiscalización, por tanto, no debe limitarse a documentar anomalías financieras, sino contribuir a garantizar que los recursos públicos se ejerzan con transparencia y lleguen efectivamente a la población.
La recuperación del dinero observado y la aplicación de responsabilidades serán elementos fundamentales para evaluar el impacto de estas acciones en servicios esenciales como la salud y la educación.
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